El director y el jefe de Informativos de la SER, condenados por informar
Daniel Anido y Rodolfo Irago han sido condenados por un juez de Madrid a penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística por revelación de secretos tras hacer pública una lista de afiliaciones irregulares al PP de Madrid.
El Magistrado-juez Ricardo Rodríguez Fernández, titular del Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid, ha dictado una sentencia en la que condena al Director de la SER, Daniel Anido, y al Director de Informativos de la cadena, Rodolfo Irago, como autores de un delito de "revelación de secretos" a un año y nueve meses de prisión, y a las penas accesorias de "inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas" y a "inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo" durante el tiempo que dure la pena privativa de libertad impuesta.
- Las irregularidades en el proceso electoral interno habían sido denunciadas por escrito por dirigentes del propio Partido Popular madrileño, y estaban relacionadas con la batalla interna que mantenían Esperanza Aguirre y Ricardo Romero de Tejada contra Alberto Ruiz Gallardón.
- Entre las afiliaciones denunciadas como irregulares figuraban los empresarios Bravo y Vázquez, relacionados posteriormente con el "Tamayazo" que arrebató la Presidencia de la Comunidad de Madrid al socialista Rafael Simancas.
- El juez dice que la protección constitucional al derecho a la información se refiere a la televisión, radio o prensa escrita, pero que debe matizarse en Internet, argumentando que no es un medio de comunicación social en sentido estricto.
- Un portavoz de la SER ha dicho que la sentencia "causa cuando menos perplejidad y supone un claro atentado contra los principios constitucionales de la libertad de expresión e información y constituye un riesgo sin precedentes para el ejercicio de la profesión periodística"; al tiempo que ha anunciado la presentación del correspondiente recurso.
La condena impone también el pago de una multa diaria de 100 euros durante seis meses y de una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los denunciantes. Al establecer la indemnización y la multa, el juez argumenta entre otras cosas que "como datos de suficiencia económica de los acusados podemos reseñar, además de comparecer en el juicio con un letrado de confianza, de libre designación, destaca, fundamentalmente, los importantes cargos directivos que ambos desempeñan en la Cadena SER (...), cargos que si bien desconocemos cuál será su retribución, sin duda será verdaderamente importante".
Los hechos juzgados se remontan al 17 de Junio de 2003, cuando la Cadena SER, informó de la denuncia que había formulado ante los órganos internos del partido la entonces presidenta local del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, que en varias cartas dirigidas a Ricardo Romero de Tejada le pedía que garantizase el proceso electoral interno que vivía la agrupación local, tras haber constatado la existencia de una oleada de afiliaciones irregulares con las que se pretendía alterar el equilibrio interno del partido.
Entre las afiliaciones irregulares denunciadas se incluían las de los constructores Bravo y Vázquez, posteriormente relacionados con los autores del "Tamayazo" que arrebató la Comunidad de Madrid al socialista Rafael Simancas. La confrontación interna vivida en el municipio de Villaviciosa y Odón se enmarcaba además en el enfrentamiento interno que había estallado entre los partidarios del entonces Secretario General del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y su aliada Esperanza Aguirre, contra los seguidores de Alberto Ruiz Gallardón.
En la documentación de soporte a la información que estaba en poder de la SER figuraban varias cartas firmadas por Pilar Martínez, denunciando los hechos. En una de ellas, la ex presidenta del PP local de Villaviciosa, se dirigía a Romero de Tejada en estos términos: "...en aras a la honestidad y transparencia que deben guiar la actuación de los responsables regionales del partido popular, y especialmente en defensa de aquellos afiliados que se presentan a las elecciones del lunes avalados por otros muchos afiliados que durante años han querido y cuidado al partido, se debería actuar adecuadamente y no permitir que personas desconocidas, con residencia en otros municipios, decidan quién será el próximo Presidente Local, porque en el caso de que estas 78 afiliaciones consiguieran su propósito, el resultado sería ficticio".
En otra de sus cartas a Ricardo Romero de Tejada aportaba una relación de 100 afiliados, especificando que 3 de ellos, afiliados regularmente, no figuraban en el censo electoral enviado por Génova; censo que sí recogía, sin embargo, 19 afiliados que ya habían causado baja y 78 que "como su numeración indica, son afiliaciones recientes que no cuentan con la aprobación del Comité Local".
La Cadena SER difundió esta información sobre las presuntas afiliaciones irregulares, y se centró exclusivamente en las 78 que según la denuncia interna eran personas no habían seguido los trámites y de las cuales, muchas de ellas, estaban relacionadas con Bravo y Vázquez; algunas por trabajar en sus empresas y otras incluso por ofrecer como domicilio las propias instalaciones de la empresas de los constructores.
Durante el juicio, celebrado en el juzgado nº 16 de lo Penal de Madrid, el pasado 19 de Octubre, la propia ex presidenta del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, ratificó los hechos difundidos por la SER, y recordó que se había dirigido al entonces Secretario General Ricardo Romero de Tejada para denunciar los hechos, que tenían como telón de fondo un asunto de corrupción urbanística.
De hecho, en la propia sentencia, el juez afirma que "no puede negarse que era un hecho noticiable", como los reconoció la propia Pilar Martínez "en su declaración en calidad de testigo", y que los acusados "podían honestamente pensar que, publicando o cediendo para su publicación la lista de los presuntamente afiliados irregularmente, cuya denuncia ciertamente les constaba, informaban a la opinión pública de algo que la misma tenía derecho a conocer".
Sin embargo, a continuación, el magistrado matiza que lo noticiable no era la afiliación al PP de determinadas personas, revelando sus datos, aunque estas fueran presuntamente irregulares, sino la mera de denuncia de la existencia de irregularidades.
La noticia de las irregularidades fue emitida el 17 de Junio de 2003, en la Cadena SER, y en Cadenaser.com se publicó esta información, ampliada con la documentación de soporte, las cartas de denuncia de Pilar Martínez, y la lista de afiliaciones irregulares.
La libertad de expresión debe matizarse en Internet, según el juez
El magistrado considera que la acción de los acusados constituye un delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 197 del Código Penal, argumentando que "ordenasen los acusados la publicación de la mentada lista en la página web de la Cadena SER (Cadenaser.com) o la cediesen para su publicación, lo cierto es que se trata de una cesión universal por cuanto tiene acceso a la citada información todo el que la quiera ver; esto es, es libre", y añade a continuación que "la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión radio o prensa escrita), pero debe matizarse, que Internet, no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal".
CadenaSER.com
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Este personaje, perdón juez, fue el mismo que interrumpió durante un tiempo una adopción a unas lesbianas, asi que si ya me suponía que esto sólo ha hecho porque son de la Cadena SER, tras saber eso, estoy seguro de que es la mayor razón.
Es penoso que en pleno 2009 pasen estas cosas... y las razones ya son para enmarcar.
Daniel Anido y Rodolfo Irago han sido condenados por un juez de Madrid a penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística por revelación de secretos tras hacer pública una lista de afiliaciones irregulares al PP de Madrid.
El Magistrado-juez Ricardo Rodríguez Fernández, titular del Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid, ha dictado una sentencia en la que condena al Director de la SER, Daniel Anido, y al Director de Informativos de la cadena, Rodolfo Irago, como autores de un delito de "revelación de secretos" a un año y nueve meses de prisión, y a las penas accesorias de "inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas" y a "inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo" durante el tiempo que dure la pena privativa de libertad impuesta.
- Las irregularidades en el proceso electoral interno habían sido denunciadas por escrito por dirigentes del propio Partido Popular madrileño, y estaban relacionadas con la batalla interna que mantenían Esperanza Aguirre y Ricardo Romero de Tejada contra Alberto Ruiz Gallardón.
- Entre las afiliaciones denunciadas como irregulares figuraban los empresarios Bravo y Vázquez, relacionados posteriormente con el "Tamayazo" que arrebató la Presidencia de la Comunidad de Madrid al socialista Rafael Simancas.
- El juez dice que la protección constitucional al derecho a la información se refiere a la televisión, radio o prensa escrita, pero que debe matizarse en Internet, argumentando que no es un medio de comunicación social en sentido estricto.
- Un portavoz de la SER ha dicho que la sentencia "causa cuando menos perplejidad y supone un claro atentado contra los principios constitucionales de la libertad de expresión e información y constituye un riesgo sin precedentes para el ejercicio de la profesión periodística"; al tiempo que ha anunciado la presentación del correspondiente recurso.
La condena impone también el pago de una multa diaria de 100 euros durante seis meses y de una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los denunciantes. Al establecer la indemnización y la multa, el juez argumenta entre otras cosas que "como datos de suficiencia económica de los acusados podemos reseñar, además de comparecer en el juicio con un letrado de confianza, de libre designación, destaca, fundamentalmente, los importantes cargos directivos que ambos desempeñan en la Cadena SER (...), cargos que si bien desconocemos cuál será su retribución, sin duda será verdaderamente importante".
Los hechos juzgados se remontan al 17 de Junio de 2003, cuando la Cadena SER, informó de la denuncia que había formulado ante los órganos internos del partido la entonces presidenta local del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, que en varias cartas dirigidas a Ricardo Romero de Tejada le pedía que garantizase el proceso electoral interno que vivía la agrupación local, tras haber constatado la existencia de una oleada de afiliaciones irregulares con las que se pretendía alterar el equilibrio interno del partido.
Entre las afiliaciones irregulares denunciadas se incluían las de los constructores Bravo y Vázquez, posteriormente relacionados con los autores del "Tamayazo" que arrebató la Comunidad de Madrid al socialista Rafael Simancas. La confrontación interna vivida en el municipio de Villaviciosa y Odón se enmarcaba además en el enfrentamiento interno que había estallado entre los partidarios del entonces Secretario General del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y su aliada Esperanza Aguirre, contra los seguidores de Alberto Ruiz Gallardón.
En la documentación de soporte a la información que estaba en poder de la SER figuraban varias cartas firmadas por Pilar Martínez, denunciando los hechos. En una de ellas, la ex presidenta del PP local de Villaviciosa, se dirigía a Romero de Tejada en estos términos: "...en aras a la honestidad y transparencia que deben guiar la actuación de los responsables regionales del partido popular, y especialmente en defensa de aquellos afiliados que se presentan a las elecciones del lunes avalados por otros muchos afiliados que durante años han querido y cuidado al partido, se debería actuar adecuadamente y no permitir que personas desconocidas, con residencia en otros municipios, decidan quién será el próximo Presidente Local, porque en el caso de que estas 78 afiliaciones consiguieran su propósito, el resultado sería ficticio".
En otra de sus cartas a Ricardo Romero de Tejada aportaba una relación de 100 afiliados, especificando que 3 de ellos, afiliados regularmente, no figuraban en el censo electoral enviado por Génova; censo que sí recogía, sin embargo, 19 afiliados que ya habían causado baja y 78 que "como su numeración indica, son afiliaciones recientes que no cuentan con la aprobación del Comité Local".
La Cadena SER difundió esta información sobre las presuntas afiliaciones irregulares, y se centró exclusivamente en las 78 que según la denuncia interna eran personas no habían seguido los trámites y de las cuales, muchas de ellas, estaban relacionadas con Bravo y Vázquez; algunas por trabajar en sus empresas y otras incluso por ofrecer como domicilio las propias instalaciones de la empresas de los constructores.
Durante el juicio, celebrado en el juzgado nº 16 de lo Penal de Madrid, el pasado 19 de Octubre, la propia ex presidenta del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, ratificó los hechos difundidos por la SER, y recordó que se había dirigido al entonces Secretario General Ricardo Romero de Tejada para denunciar los hechos, que tenían como telón de fondo un asunto de corrupción urbanística.
De hecho, en la propia sentencia, el juez afirma que "no puede negarse que era un hecho noticiable", como los reconoció la propia Pilar Martínez "en su declaración en calidad de testigo", y que los acusados "podían honestamente pensar que, publicando o cediendo para su publicación la lista de los presuntamente afiliados irregularmente, cuya denuncia ciertamente les constaba, informaban a la opinión pública de algo que la misma tenía derecho a conocer".
Sin embargo, a continuación, el magistrado matiza que lo noticiable no era la afiliación al PP de determinadas personas, revelando sus datos, aunque estas fueran presuntamente irregulares, sino la mera de denuncia de la existencia de irregularidades.
La noticia de las irregularidades fue emitida el 17 de Junio de 2003, en la Cadena SER, y en Cadenaser.com se publicó esta información, ampliada con la documentación de soporte, las cartas de denuncia de Pilar Martínez, y la lista de afiliaciones irregulares.
La libertad de expresión debe matizarse en Internet, según el juez
El magistrado considera que la acción de los acusados constituye un delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 197 del Código Penal, argumentando que "ordenasen los acusados la publicación de la mentada lista en la página web de la Cadena SER (Cadenaser.com) o la cediesen para su publicación, lo cierto es que se trata de una cesión universal por cuanto tiene acceso a la citada información todo el que la quiera ver; esto es, es libre", y añade a continuación que "la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión radio o prensa escrita), pero debe matizarse, que Internet, no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal".
CadenaSER.com
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Este personaje, perdón juez, fue el mismo que interrumpió durante un tiempo una adopción a unas lesbianas, asi que si ya me suponía que esto sólo ha hecho porque son de la Cadena SER, tras saber eso, estoy seguro de que es la mayor razón.
Es penoso que en pleno 2009 pasen estas cosas... y las razones ya son para enmarcar.
.... haz un nuevo gráfico recalculando. 